Emigdio Pertuz Buendía, presidente de COCOMANORTE, exige al Estado colombiano explicaciones sobre los recursos proyectados para el desarrollo del pueblo afrocolombiano durante más de tres décadas. El Chocó y el Darién chocoano siguen esperando respuestas, inversiones y oportunidades.
¿Qué pasó con los recursos económicos que durante más de tres décadas fueron proyectados para impulsar el desarrollo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia? ¿Por qué, después de tantos anuncios gubernamentales, compromisos institucionales y planes de desarrollo, los territorios ancestrales continúan sumidos en la pobreza, el abandono y el atraso?
Por Antonio Sánchez |Fotoperiodista
Estas son algunas de las preguntas que hoy pone sobre la mesa Emigdio Pertuz Buendía, líder afrocolombiano y representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Acandí y Zona Costera Norte (COCOMANORTE), quien ha decidido exigirle al Departamento Nacional de Planeación (DNP) cuentas claras sobre el destino de los recursos que, según las cifras consolidadas en su solicitud, fueron proyectados para el desarrollo de las comunidades negras entre 1994 y 2026.
La denuncia tiene una dimensión política y social de enorme trascendencia. De acuerdo con el balance presupuestal presentado por el dirigente comunitario, durante los gobiernos de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro se habrían proyectado recursos por 85,8 billones de pesos, de los cuales solamente 8,7 billones figurarían como ejecutados, mientras que 77,1 billones aparecen como pendientes de ejecución.
Se trata de cifras que COCOMANORTE le solicita al DNP verificar, certificar y explicar oficialmente. No son todavía un saldo fiscal certificado por el Estado, pero sí constituyen una grave alerta que merece toda la atención nacional.
Treinta y dos años de promesas y una deuda que no termina
Desde la promulgación de la Ley 70 de 1993, las comunidades negras han esperado que el reconocimiento constitucional de sus derechos se traduzca en oportunidades reales, inversión pública, infraestructura, educación, salud, generación de ingresos, protección territorial y mejores condiciones de vida.
Sin embargo, más de tres décadas después, la realidad de numerosos territorios afrocolombianos sigue contradiciendo los discursos oficiales sobre inclusión, equidad y desarrollo.
El interrogante planteado por Pertuz Buendía es contundente: si los gobiernos han anunciado y proyectado billonarios recursos para el desarrollo de las comunidades negras, ¿dónde están las inversiones que deberían reflejarse en el bienestar de sus habitantes?
El documento presentado ante el DNP pone bajo la lupa ocho periodos gubernamentales y plantea una diferencia presupuestal que, de ser confirmada por las autoridades, representaría una de las mayores deudas institucionales con el pueblo negro colombiano.
No se trata simplemente de una discusión de cifras, hojas de cálculo o informes administrativos. Detrás de cada peso que no llega a su destino hay comunidades sin oportunidades, jóvenes que no encuentran alternativas de vida, mujeres que enfrentan mayores dificultades económicas, familias sin acceso adecuado a servicios básicos y territorios que continúan esperando el desarrollo que tantas veces les han prometido.
El Chocó y el Darién: los territorios que siguen pagando el precio del abandono
La preocupación adquiere una dimensión todavía más dramática cuando se observa la situación del departamento del Chocó, históricamente golpeado por la pobreza, la precariedad de su infraestructura, las deficiencias en los servicios públicos y la limitada presencia efectiva del Estado.
En este escenario, COCOMANORTE exige conocer cuánto dinero de los presupuestos destinados al pueblo negro terminó realmente invertido en el Chocó y, de manera particular, en los municipios de Acandí y Unguía, territorios del Darién chocoano que también reclaman atención, inversión y garantías para su desarrollo.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que un departamento con tantas riquezas naturales, culturales, ambientales y humanas continúe figurando entre los territorios más rezagados del país?
Mientras se anuncian billones de pesos en planes de desarrollo, en las comunidades persisten las necesidades fundamentales. La ausencia de inversiones efectivas profundiza la pobreza, limita las posibilidades de progreso y condena a nuevas generaciones a vivir en condiciones que deberían haber sido superadas hace décadas.
El Chocó no necesita más discursos de solidaridad pronunciados desde Bogotá. Necesita presupuestos que se conviertan en obras, proyectos productivos, educación, salud, vías, conectividad, empleo y oportunidades para sus habitantes.
La pobreza de las comunidades negras no puede seguir justificándose como una consecuencia inevitable de su ubicación geográfica. Tampoco puede convertirse en una condición permanente que los gobiernos administran mediante promesas y anuncios de inversión que no se traducen en resultados.
¿Quién recibió los recursos y en qué se invirtieron?
La exigencia de COCOMANORTE no se limita a conocer cuánto dinero fue proyectado y cuánto aparece como ejecutado. También busca establecer qué entidades nacionales tuvieron bajo su responsabilidad la administración de esos recursos, cuáles cumplieron sus compromisos y cuáles registran retrasos o incumplimientos.
Pertuz Buendía reclama información sobre los programas, obras y proyectos concretos que supuestamente beneficiaron a las comunidades negras durante los diferentes gobiernos.
También exige esclarecer qué ocurrió con los recursos que no fueron ejecutados: si regresaron al Tesoro Nacional, si perdieron su apropiación presupuestal, si fueron trasladados a otros rubros o si quedaron disponibles para futuras vigencias.
Otro de los puntos fundamentales es conocer los resultados del Trazador Presupuestal Afrocolombiano durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, herramienta que debe permitir identificar y hacer seguimiento a las inversiones dirigidas a estas poblaciones.
La exigencia es clara: no basta con anunciar presupuestos destinados al pueblo negro. Hay que demostrar dónde se invirtieron, quién los ejecutó, qué comunidades se beneficiaron y cuáles fueron los resultados.
Los Consejos Comunitarios también exigen participar en el desarrollo
Uno de los interrogantes más importantes planteados por el representante legal de COCOMANORTE tiene que ver con la participación directa de los Consejos Comunitarios titulados en la ejecución de los recursos destinados al etnodesarrollo.
La organización quiere saber si el Estado ha transferido recursos directamente a estas autoridades comunitarias para desarrollar sus propios planes de vida y de etnodesarrollo, o si el manejo de los presupuestos ha permanecido concentrado en ministerios, institutos, gobernaciones y alcaldías.
Esta pregunta pone sobre la mesa una discusión histórica: las comunidades negras no pueden continuar siendo simples receptoras de promesas institucionales ni espectadoras de decisiones presupuestales que afectan directamente sus territorios.
Quienes conocen sus necesidades, defienden sus territorios y trabajan cotidianamente por el bienestar colectivo deben tener participación efectiva en la planeación, administración y ejecución de los recursos destinados a su desarrollo.
Una denuncia que merece respuesta nacional
La iniciativa de Emigdio Pertuz Buendía constituye un llamado de atención al Gobierno nacional y a las instituciones responsables de la planeación y ejecución de la inversión pública.
El dirigente solicita que, si el Departamento Nacional de Planeación no dispone de toda la información, se coordine con las entidades responsables, entre ellas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Interior, para que se conozca la verdad sobre los recursos proyectados, ejecutados y pendientes.
La dimensión de esta denuncia exige una respuesta transparente, documentada y verificable. No se puede responder con generalidades ni con nuevos compromisos institucionales. Las comunidades necesitan conocer el recorrido de los recursos, desde su aprobación hasta su destino final.
El pueblo negro tiene derecho a saber cuánto dinero se presupuestó en su nombre, cuánto llegó efectivamente a sus territorios y quién responde por los recursos que nunca se convirtieron en bienestar.
El AfroBogotano: la memoria y la voz frente al abandono
Desde El AfroBogotano consideramos que esta exigencia de COCOMANORTE trasciende el interés particular de una organización comunitaria. Se trata de una reivindicación colectiva que involucra a millones de colombianos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros que llevan generaciones esperando que el reconocimiento de sus derechos se convierta en una realidad.
Nuestro medio de comunicación, comprometido con visibilizar las luchas, las denuncias y las gestas de reivindicación de las comunidades afrodescendientes, considera indispensable que esta discusión llegue a la opinión pública nacional.
No podemos acostumbrarnos a que el Chocó aparezca en los discursos políticos durante las campañas electorales y desaparezca de las prioridades gubernamentales cuando llega la hora de ejecutar los presupuestos.
Tampoco podemos aceptar que las comunidades negras sigan siendo mencionadas en los planes de desarrollo como poblaciones prioritarias, mientras sus territorios continúan exhibiendo los efectos de la exclusión y la desigualdad.
El abandono del Chocó no comenzó ayer. Es una deuda histórica que atraviesa generaciones y gobiernos de diferentes orientaciones políticas. Por eso, esta denuncia no puede convertirse en un asunto de conveniencia partidista: debe ser una exigencia de Estado.
Los recursos destinados al desarrollo del pueblo negro no son una dádiva gubernamental, ni un favor de los presidentes de turno. Son parte de los compromisos que el Estado colombiano ha adquirido con comunidades que han contribuido a construir la nación, defender sus territorios, preservar su cultura y enriquecer la identidad del país.
La pregunta que hoy formula COCOMANORTE debe resonar en la Casa de Nariño, en el Congreso de la República y en todas las entidades responsables de la inversión pública:
¿Dónde están los 77,1 billones de pesos que, según el balance presentado, no se habrían ejecutado en favor de las comunidades negras?
El Chocó no puede seguir esperando. El Darién no puede seguir esperando. Las comunidades negras no pueden continuar pagando con pobreza, exclusión y falta de oportunidades el precio de la indiferencia institucional.
¡Llegó la hora de que el Estado colombiano deje de contabilizar promesas y comience a rendir cuentas!
Cortesías fotográficas:
Juan Antonio Sánchez
Chocó/ iStock
Prosperidad Social
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