Por: Kenny Luango.
Que lio del carajo por favor, observemos este análisis; la Corte suprema de justicia ha condenados por la Yidis política, a la propia Yidis, Sabas Pretelt, Diego Palacios y Albero Velásquez, los dos primeros Ministros del tuétano de Álvaro Uribe Vélez, y viene otros altos funcionarios en fila cerrada, en este contubernio como Bernando Moreno y María del Pilar Hurtado, como consecuencia de la aprobación de la reforma de la constitución política que en su momento hiciera el Congreso de la República para que el gran colombiano fuera reelecto. Ahora, ya está probado judicialmente que esta reforma se obtuvo por medios ilegales e inmorales, por tanto, un hecho delictual donde confluyeron conductas en concurso heterogeneo, entre ellas el delito de cohecho por dar u ofrecer en beneficio de un tercero, produjo como efectos varios hechos políticos legales como son: Primero, la reforma de la constitución para que hubiera reelección y Segundo, la consecuente elección en las urnas para un segundo periodo del señor Uribe, en este estado de cosas, barájeme este trompo, ¿cómo debe comportarse la ley, si derivado de un concurso delictual alguien obtiene beneficios, siendo desplegadas varias conductas para obtener el fin último que en este caso fue una Reelección Presidencial?
Lo anterior para soportar mi tesis, que consiste en afirmar que si el gran colombiano amparado en maniobras Criminosas obtuvo la reforma de la carta política para fraguar su reelección, este turbio periodo presidencial no solo es una vergüenza en cualquier país serio, sino que es contrario a derecho y deberían quedar sin efecto jurídico las principales actuaciones derivadas de este periodo presidencial, 2015, durante el cual se profirieron acciones y actos administrativos han entrado en vigor y afectado el patrimonio y la vida nacional, especialmente en materia de política de seguridad, social y económica, contexto en que ilustro las grandes gavelas otorgadas a grupos monopólicos empresariales privados, como Pacific Rubiales, la contratación del túnel de la línea, por citar dos ejemplo.
El ex magistrado de la corte constitucional Jaime Araujo, quien salvo su voto frente a la reelección, ha sostenido que “la corrupción, el crimen y el delito no pueden ser nunca bajo ninguna circunstancia fuente de derecho” al sostener que el acto legislativo que aprobó la reelección se encontraba viciado de nulidad absoluta, y que ni los votos sanos de los ciudadanos pueden subsanar tal nulidad, por cuanto es consecuencia de un delito, delito de cohecho, y que por tanto, todo alto de dicho gobierno tanto del presidente como de sus funcionarios, estaban viciados de inconstitucionalidad e ilegalidad.
Estas malas prácticas nos enseñan que no siempre el populismo labrado por un mandatario tapa la olla podrida de una gestión pública cimentada en maniobras ilegales, para reelegirse y que se dispuso a sacar adelante un proyecto político por los medios que fueran necesarios, el país debe tomar notar de estas conductas, pues hay varios condenados, pero la bola de nieve sigue y hechos como estos no tendrán fin, mientras no decantemos esta sociedad por principios de civilidad democrática con un profundo arraigo social, lo cual permita redimir a todos los connacionales, que habitamos esta trociada patria, en la que la carta política y la ley a diario quedan a merced de sujetos de esta categoría.
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