Así lo dijo ayer martes uno de los 10 capturados en la audiencia de legalización de captura en la sala 312 del juzgado 75 de control de garantías  en el Bunker de Paloquemao de Bogotá. Se trata de Salín Cure Ruiz, un hombre de 45 años de edad de apariencia caribeño que no quiso aceptar los cargos formulados por el fiscal 35, Edgardo José Pacheco.

Cure Ruiz hace parte de la captura de 10 personas que realizó en el día de ayer la Policía nacional en de manera simultánea en Medellín, Caucasia y El Bagre (Antioquia), Quibdó e Istmina (Chocó),  cuatro de ellas buscados mediante circular azul de Interpol.

La negación de Cure Ruiz, se desprende, según él y su abogada Natalia Estacio, de las informaciones que entregó la Policía a los medios de comunicación en el sentido de ser el principal financiador de las bandas criminales con dineros provenientes de la minería ilegal.

El fiscal 35 que lidera la investigación y ordenó la captura, señaló al inicio de la audiencia que los capturados no serán procesados por delitos distintos al daño en recursos naturales, contaminación en reservas forestales, invasión en áreas ecológicas y concierto para delinquir. “En ningún momento la fiscalía tiene pruebas ni allegó al juzgado elementos que comprometen a mi indiciado en ser un financiador de las Bacrim, como lo dijo Caracol, Noticias”, dijo la defensa jurídica de Cure Ruiz.

Frente a los delitos que en el día de hoy definirán la imputación de cargos y medida de aseguramiento de los 10 encartados, la abogada Natalia Estacio se mostró confiada en que su cliente, Salín Cure Ruiz, saldrá avante de esta difícil situación jurídica y, anunció demandas contra quienes, según sus palabras, calumniaron a su  defendido quien es padre de dos hijos. Le han ocasionado un descrédito en la sociedad, en su vecindad, y han colocado en peligro a sus hijos y esposa.

El AfroBogotano, conoció que al final de la audiencia de ayer martes, 9 de los 10 capturados, aceptaron allanarse por los cuatro delitos imputados por la fiscalía. “Yo no soy un financiador de las Bacrim, solo soy un hombre que me llamaron a trabajar en una mina en la que todo parece ser legal, por eso no acepté los cargos” dijo Cure Ruiz, entre nervioso e inquieto por entre la sala justiciera de Paloquemao.

El operativo

El periódico El Colombiano, con información recibida de la Policía Nacional señaló que José Antonio Calvacante, uno de los brasileños, según la Policía coordinaba toda la actividad de extracción en Chocó, parte de Antioquia y Nariño.

“Llegó al país en 2005, y desde ese año, se dedicó a sustraer ilegalmente oro en barcazas; precisamente, sería una de las personas que introdujo al país esa modalidad de minería”, indicó la Policía.

Calvacante fue capturado en marzo de 2014, por contaminar el río Quito. Sin embargo, quedó en libertad y la investigación en su contra archivada. Actualmente, es sindicado de ser el propietario de tres dragas, con las que obtenía aproximadamente 12 kilogramos de oro semanales, informó la Policía.

José Aroudo Sousa De Assis, es el otro brasileño capturado. Señalado por la Policía como el especialista en el uso del mercurio para el amalgamamiento del oro.

“Una mujer de 37 años, Deidy Torres Rico, socia principal de la estructura, tenía el control de las barcazas sobre el río Quito y era propietaria de 14. Habría promovido movilizaciones y protestas luego que se expidiera una medida gubernamental contra la minería en Chocó. Para justificar sus plantones, creó la Cooperativa Asodracho, con la que supuestamente agremió a los dueños de las dragas”, agrega la Policía.

Las autoridades aseguraron además que como asesor jurídico de este grupo, fungía Jimmy Alexander Villegas, supuesto ayudante del despacho del alcalde de El Bagre (Antioquia), y representante de una comercializadora de oro, que sólo existiría en documentos pues no aparece registrada en Cámara y Comercio, indicó la Policía.

“Los demás capturados son: la señalada contadora de la estructura, administradores de dragas, y el propietario de una comercializadora de oro, que funcionaba en Quibdó, y compraba el oro sustraído ilícitamente, sin que tuviera Registro Único de Comercialización de Minerales ni título minero, requisitos indispensables para desempeñar esta actividad”, indicó la Policía.

Durante la investigación, la Policía Nacional estableció que la organización habría pagado 11 millones de pesos mensuales a un consejo comunitario de comunidades afrodescendientes, para que permitiera y defendiera la permanencia de las dragas con las que explotaban el río Quito.

De igual manera, la Policía aseguró que este grupo entregaba un porcentaje de las ganancias al grupo de crimen organizado de Dairo Antonio Úsuga “Otoniel”, y al Eln, para que les brindara protección armada.

“Esto se constató en marzo del presente año durante una intervención en la que se destruyeron seis dragas, y el personal de la Dirección de Carabineros que cumplía el procedimiento, fue hostigado por los guerrilleros”, asegura la Policía.

La Corte Constitucional en una inspección reciente al río Quito, constató que el ecosistema presenta un estado crítico y sus aguas, tienen contenido tóxico. El Alto Tribunal y algunas organizaciones sociales revelaron que el agua estaría contaminada con mercurio.

Los capturados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, contaminación ambiental, daño a recursos naturales, receptación y violación de fronteras para explotación de recursos naturalesincendio dragaimage_content_26240507_20160614112318