El Consejo Comunitario de Chilona -El salto, en Zaragoza y otras comunidades del Nordeste y Bajo Cauca en Antioquia, impactados por el proyecto conexión norte autopista para la prosperidad Remedios, reclaman consulta previa al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

Por: Camilo Mena S.

Después de conocer todo lo reglado en materia de consulta previa, como el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) ò cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de su territorio; buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y garantizar el derecho a la participación, la Corte Constitucional fue más allá del territorio y en la Sentencia T-576/14 determino: Derecho de las Comunidades Negras a la Identidad Étnica y Cultural-Jurisprudencia Constitucional .

La relación de la comunidad con un territorio determinado es indicativa de su identidad étnica, pero no es un factor determinante para confirmar o excluir su condición de titular de derechos étnicos. Aunque las minorías étnicas suelen mantener una relación ancestral con sus territorios que, por lo general, incide en su supervivencia, el hecho de que la población afrocolombiana sea una de las más afectadas por el fenómeno del desplazamiento forzado y las falencias institucionales en la protección de su derecho a la propiedad colectiva impiden asociar la identidad étnica y los derechos que de ella se derivan a que mantengan un vínculo con sus territorios.

De igual manera ha dicho la Corte, que la consulta previa es un derecho de carácter colectivo que debe responder al principio de buena fe y debe ser realizado antes de la toma de decisiones, pero en este caso hoy el gobierno y los privados; primero toman las decisiones y luego pelean con las comunidades para evitar consultarles y en ocasiones algunos funcionarios; salen a decir que se crean carteles para solicitar consulta previa a sus proyectos, la forma como el Estado desarrolla proyectos, entrega títulos mineros, declara zona de utilidad pública, toma medidas legislativas y administrativas sin consultarle a las comunidades se convierte en la afectación de un derecho fundamental y al no cumplimiento de la normas colombianas y convenios internacionales firmados para garantiza los derechos de los

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La inequidad y abandono del Gobierno Nacional con los pueblos Afro, se vislumbra a la hora de construir carreteras /fotos: archivo particular.

La inequidad y abandono del Gobierno Nacional con los pueblos Afro, se vislumbra a la hora de construir carreteras /fotos: archivo particular.

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Los proyectos de Autopistas para La Prosperidad, están pasado por los territorios vulnerando este derecho y en complicidad con algunos funcionarios del gobierno nacional niegan presencia de las comunidades en sus territorios, cambian trazos de vías cuando por orden judicial o de evidente presencia de estas comunidades se obliga a la consulta.

Todo esto nos lleva a reflexionar en sí el Ministerio del Interior debe ser el garante de certificar la presencia de las comunidades en sus territorios y no las Alcaldías, por qué si el Ministerio del Interior, lleva un registro de las organizaciones y Consejos Comunitarios de Comunidades Negras que permanentemente mantienen actualizando, le solicitan coordenadas a las comunidades que hacen la solicitud de consulta por la ejecución de proyectos que los afectan, por qué algunos funcionarios del Ministerio que envían a verificar la presencia de las comunidades objeto de la solicitud de consulta previa son transportados por los dueños del proyectos, es tiempo pues que se revise si el Ministerio del Interior puede ser juez y parte, así mismo con otros entes del Estado, no haga de la consulta previa un paseo de la muerte más en Colombia.